LA SELECTIVA MEMORIA DEL ASESINO

Antonio Losilla

Pilar Cebrián, Sonia Iglesias y Marta del Castillo jamás se conocieron. Tienen en común solo su trágico final y la perpetuación en el tiempo del dolor añadido para sus familias porque sus cadáveres no han sido encontrados. El asesino de Marta está en prisión, condenado en firme. El presunto de Pilar, su marido, también duerme entre rejas pero aún no ha sido juzgado y el que era esposo de Sonia disfruta de su libertad, aunque imputado por la desaparición de su pareja. Ninguno ha confesado dónde están los cuerpos de ellas. Su selectiva memoria les alcanza únicamente para zafarse de responsabilidad. Solo Miguel Carcaño, que mató a Marta, ha colaborado tras cambiar media docena de veces sus palabras. Pero esa cooperación tardía, incompleta tampoco ha servido. 

  

Imaginen a un grupo de policías (tres grupos en realidad) dejándose conocimientos, empeño y vida en buscar a esas víctimas, en devolver siquiera la dignidad de la sepultura conocida. Imaginen por un momento su desazón, su frustración, su impotencia... Imaginen, no es difícil, a los padres de la niña rubia de ojos azules tras cinco años de mentiras; a los de la vital y entregada madre de Pontevedra (Sonia), que fue a trabajar y nunca más volvió; imaginen a la familia (una parte) que no concibe la muerte de Pilar y mucho menos que se marchara con unas amigas, como sostuvo su pareja. 

Cuando la oscuridad ensombrece una investigación, si quienes están detrás responden como se espera de ellos buscan puertas, resquicios, cualquier hilo al que seguir aferrados. Me consta que en estos tres casos todos ellos cumplen esa condición. De ahí, la prueba que ya se ha llevado a cabo en uno de los tres crímenes y que se solicitará en los otros dos. Se trata del potencial evocado cognitivo (P300) en busca de la huella neuronal. En teoría hay una memoria acumulada sobre hechos relevantes. Al observar una foto o un texto clave se produce una respuesta cerebral y la altura de la onda es más grande. Si quien se somete al test ha estado en el lugar de un crimen o ha atacado a la víctima, en teoría esa onda se alterará porque el hecho ha quedado grabado en la memoria. Habla el cerebro sin que la persona despegue sus labios. 

Miguel Carcaño

No es una prueba de investigación criminal, sino de diagnóstico neuronal pero con posibilidad de ser aplicada a casos como los descritos. En Estados Unidos, por ejemplo, este análisis forma parte ya de numerosos procedimientos judiciales. Al marido de Pilar, que confesó haber matado y descuartizado a su esposa (luego lo negó), se le realizó en diciembre. Se le mostraron decenas de fotos con frases intercaladas para detectar variaciones. Los resultados analizados no se conocen, dado que el juez de Violencia de Género de Zaragoza que autorizó la prueba mantiene el secreto de las actuaciones. 

A esa misma esperanza se aferra la familia de Sonia Iglesias, que está decidida a solicitarla. En su caso, el hijo de la víctima convive con el imputado que jamás ha reconocido los hechos. Los investigadores solo le barajan a él como autor tras decenas de pesquisas. La juez no se ha pronunciado. Tampoco lo ha hecho, el magistrado que instruyó el crimen de Marta del Castillo. La Brigada de Policía Judicial de Sevilla no se rinde. Sigue investigando y sigue buscando el cuerpo de la menor. Ahora quieren que Carcaño se someta a la P300. Están convencidos de que por fin el autor no miente, pero no recuerda con claridad el lugar donde, según él, enterraron el cadáver él y su hermano (absuelto). 

Los abogados defensores cuestionan no solo la validez y pertinencia de la prueba sino su legalidad. "Rebuscar en el cerebro supone una intromisión que atenta contra un derecho fundamental", alegan. Quienes investigan, ven en cambio un atisbo de salida. "La investigación se complica cuando no aparece el cuerpo y se corre el riesgo de una absolución o una rebaja de la pena. Los cadáveres hablan. Si no los tenemos, el silencio puede cubrirlo todo".  

ASESINO PRÓFUGO Y POLICÍA EN EL ENTIERRO

José Manuel García Barata lleva media vida (solo tiene 24 años) dando esquinazo a la Justicia o mejor riéndose de ella en los bigotes. A los 15 asaltó un chalé en Orense con su hermano y otros tres individuos en el que encañonaron a la dueña; pasó unos meses en un centro de internamiento. No le constan antecedentes penales porque era menor. El 27 de abril de 2010 disparó cinco veces contra un taxi en Salamanca. El objetivo era el pasajero, "el Paloma" un toxicómano que salía de cenar con otro clan merchero como el de Barata (son primos) y con el que tenía pendencias. Lo esperó y no dudó en tirar de revólver. El copiloto se agachó y se salvó, pero uno de los disparos reventó la cabeza del conductor, Ángel Sánchez. Estuvo en prisión solo tres meses y salió en febrero de 2011. Utilizó un Audi TT, que nunca ha aparecido, pese a carecer de carné de conducir y, por supuesto, de permiso de armas. El taxista tenía 60 años, una mujer y una hija discapacitadas a su cargo, y una nieta de la que era tutor.

Desde febrero de 2011 hasta la semana pasada, Barata ha estado en libertad pese al asesinato del taxista. En marzo del año pasado la Policía lo detuvo en Madrid junto a un hermano con 12.000 euros falsos. Tampoco ingresó en la cárcel. La primera semana de julio se sentó en el banquillo, pero ante las penas que pedía el fiscal y la acusación optó por huir antes de la sentencia. Cuando se la iban a notificar (29 años de cárcel) el 19 de julio, ya había huido. Nadie había pedido que ingresara en prisión. No se montó ningún escándalo. En agosto, el Grupo de Fugitivos de la Policía comenzó su búsqueda y la Audiencia de Salamanca dictó orden europea de busca y captura. Se sospechaba que se había refugiado en Galicia o en el norte de Portugal, pero no se encontró ni rastro.

El pasado 13 de septiembre su padre, Manuel García Nieto, «el Segoviano», moría de un infarto en la prisión de Pereiro (Orense). Cumplía 25 años por el asesinato de su propio yerno, al que culpaba de provocar el accidente de tráfico en el que murió su hija. El jefe del clan proporcionó una escopeta al asesino (enamorado de otra hermana de Barata a la que también aspiraba el yerno) y se quedó a unos metros viendo como acribillaba a la víctima. Los policías se presentaron en el entierro con la esperanza de que el huido acudiera a dar el último adiós a su padre, como sería de esperar en un clan familiar tan «unido» como ese. Alguno de los agentes estrechó la mano de los dolientes; el asesino no apareció.

Los agentes recurrieron en esos meses a varias instancias judiciales y en una de ellas encontraron apoyo. Se pensó que quizá en Navidad contactaría con su familia, pero de nuevo fallaron las previsiones. Ya no se podía perder más tiempo así que se decidió pedir colaboración ciudadana. La respuesta no tiene parangón. Barata cayó en 13 horas. El pasado martes a las nueve de la mañana la Policía pedía ayuda a través de la redes sociales y difundía una foto del individuo con sus inconfundibles cicatrices sobre la ceja y en el frontal izquierdo, y su cara redondeada. A las 22.15 era detenido al salir de un gimnasio de Ponferrada (León). En esas trece horas se recibieron tres correos electrónicos y 17 llamadas, una de ellas clave. 

Fue un día de infarto. Una llamada situaba al de la cicatriz en Sevilla caminando con otro individuo con el brazo escayolado (un pariente suyo lo tiene); un guardia civil creyó verlo en una gasolinera de Madrid; una   taquillera del Metro de Barcelona pensó que era él. Estaba haciendo pesas en un gimnasio de Ponferrada e iba indocumentado. Le rompió la nariz a uno de los policías. Ya duerme en prisión.

Sus abogados le han beneficiado con soltura, rozando la legalidad. Mientras estaba fugado, un hermano de Barata acudió a una notaría de Santiago. Allí se hizo pasar por José Manuel y con esa identidad suplantada (que no detectó o vio pasar de largo el notario y el abogado, el mismo de un testigo del caso Asunta), el letrado presentó el recurso ante el Tribunal Supremo. Hubo otros defectos de forma y se inadmitió, de lo contrario se podría estar debatiendo la condena de un asesino prófugo y con identidad falsificada. Por supuesto, la familia de la víctima no ha recibido ni un euro de indemnización.  

BASTERRA: UN MÓVIL Y UN ORDENADOR CON PATAS

Basterra y Porto, el día 26 de septiembre, tras registrarse sus viviendas *ABC

El ordenador que supuestamente pertenece a Alfonso Basterra y que apareció por arte de magia en su piso de alquiler (en la calle República Argentina) el pasado día 30 no estaba antes allí. Él y su abogada pueden tratar de confundir, presentar escritos imposibles, recurrir, desacreditar a la Guardia Civil, al fiscal o al juez, pero ese portátil fue colocado después de los dos registros (el último el 26 de septiembre) y es más que probable que se pueda averiguar incluso quién lo depositó en esa vivienda, a la vista, para que fuera encontrado. 

El Equipo Central de Inspecciones Oculares de la Guardia Civil, de probada exhaustividad, revisó cada estancia (un salón, una minicocina y dos habitaciones) del piso el 26 de septiembre, en presencia de los imputados Alfonso y Rosario Porto, de sus abogados, del fiscal y la comisión judicial y no lo hallaron.  "Se inicia el registro por la cocina. Se interviene una fiambrera con la etiqueta albóndigas 21-9; se registra la habitación donde dormía la niña (nada reseñable); se registra el baño sin nada de interés, se continúa por el dormitorio de don Alfonso sin nada de interés ; se intervienen unos tenis de color blanco y gris marca Kalenji que se encuentran en la entrada".  Esto es un resumen de esa diligencia, que fue fotografiada con detalle. En ninguna de las fotos aparece el dichoso portátil que tres meses después sí estaba, en un rincón donde alguien que participó en la diligencia había dejado su maletín.

Los investigadores sabían que tenía uno (al menos) porque Basterra trabajaba en casa como periodista (con escaso éxito o afán al menos últimamente); porque la cuidadora de la pequeña Asunta declaró que habitualmente en la casa de Rosario había tres ordenadores hasta que la pareja se separó en febrero (dos de mesa y un portátil, que utilizaba Alfonso) y porque las conexiones a determinadas web del padre en los últimos meses también lo habían acreditado. 

Es difícil entender a qué viene esta estrategia. Quizá cuando se analice el ordenador (suponiendo que no sea uno que nada tiene que ver con los hechos, algo que tampoco se descarta) sea posible dar con una explicación. No se sabe tampoco (o al menos no ha trascendido) qué portátil era el que solía utilizar el imputado. Pero mientras la estrategia de la confusión está servida. 

Y no solo con un objeto, una supuesta prueba, sino con dos. En un cajón de la mesita del dormitorio también fue encontrado el teléfono móvil (un segundo) que se sabía que utilizaba Basterra, aunque estaba a nombre de Porto y ella pagaba la factura. Es un viejo teléfono y también es una incógnita qué información, fotos, mensajes o rastro de llamadas almacena. Lo que no es una incógnita es que ese móvil tampoco estaba en los dos registros anteriores y ahora sí. Quizá ninguno de los dos objetos guarden memoria o guarden memoria capaz de dar luz a la muerte de la criatura y por eso haya sido tan fácil entregarlos y esgrimir el argumento de la colaboración. Esa que hasta ahora, Basterra, el padre amantísimo ha negado a los investigadores y al juez. Nada hace augurar que este "cambio" sea el inicio de una actitud diferente del imputado. Ha tenido tiempo y solo lo ha utilizado en su beneficio.