Alexander Ivanovich Romanov eligió Mallorca tras ser condenado en Rusia. Se le considera el blanqueador en España de la Taganskaya, una organización criminal que se dedica en esencia a los Raider: rapiñar empresas hasta apropiarse de ellas por la fuerza o asfixiando a clientes y proveedores. En su país, fue el artífice de una de estas operaciones en la que se movieron más de cinco millones de euros. En la isla empezó a montar su chiringuito societario y financiero a partir de 2010, fecha en la que compró a través de testaferros el hotel de Calviá "Mar i Pins". Como es habitual en este tipo de grupos mafiosos la familia trabaja unida: en su caso colaboran con él su mujer Natalia Vinogradova y sus suegros, Boris y Margarita, todos prestos a encubrir de dónde procede el dinero y cuál es su destino.
Pero el apoyo más importante, en una habitualidad que empieza a ser más que inquietante, se lo ha prestado un despacho de abogados palmesano, que ha proporcionado el soporte legal tanto a la organización como a la empresa matriz "Natali Mar y Pins", a través de al menos de cuatro sociedades instrumentales. Las crearon y las liquidaron con la colaboración de otros tres testaferros. El bufete ha proporcionado toda la cobertura para defraudar a Hacienda, es decir, a usted y a mí, y ha contado con la inefable colaboración de otro español, en este caso el gestor financiero del grupo en España.
La opacidad empezó desde el minuto uno. Quien participó en la compra del hotel fue la madre de una asalariada rusa del despacho de abogados, que en su carta de presentación se proclama como especializado en asesorar y dar cobertura legal en adquisición de inmuebles y en inversiones de extranjeros en España.
El Servicio de Información de la Guardia Civil y la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, tras investigarlos durante 20 meses y escucharlos, llegaron a la conclusión de que ese despacho era el bunker donde se custodia la documentación de todos los fondos ilícitos e, incluso, que el abogado, con el que también ha colaborado su hermano, guardó parte de esos comprometidos papeles en su propia casa. Hoy esos dos lugares han centrado buena parte de los registros llevados a cabo.
De momento, hay ocho detenidos, acusados de un delito continuado de blanqueo y asociación ilícita, pero la lista delictiva que pende sobre ellos y que en buena parte encierran los papeles intervenidos es bastante más larga (falsedad documental, extorsión, amenazas, coacciones y revelación de secretos, entre otros). A la operación Dirieba le queda aún mucho recorrido, dado que esos papeles guardan el secreto.
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